06 Agosto 2010
El debate es añejo, incluso en México. En
reiteradas ocasiones ha formado parte de la agenda pública. Autoridades,
legisladores, organizaciones de la sociedad civil, comunidades estudiantiles,
medios de comunicación; todos en algún momento lo han postulado, o bien, han
convenido en su análisis y discusión. Pero cuando el Presidente de la República
lo sugiere, la situación adquiere otra perspectiva. Y cuando el Presidente de
la República es panista ¡definitivamente adquiere otra dimensión!
Es preciso señalar que Felipe Calderón sugirió
el debate, no la legalización: Al tiempo que aceptaba el debate como una parte
medular de la estrategia para combatir al crimen organizado, definió su postura
contraria a la misma.
Pero… ¿a que se refieren cuando hablan de
legalización de las drogas?
En México, el consumo de estupefacientes no está
penalizado. Como ocurre con el alcohol, si alguien consumealguna
sustancia en vía pública podrá ser remitido ante un juez cívico, y se hará
acreedor a alguna sanción. De la misma manera, como con el alcohol, si alguien
conduce un vehículo o maneja maquinaria pesada bajo el influjo de algún
estupefaciente, invariablemente será remitido ante las autoridades. Pero lo que
se castiga no es el consumo en sí.
Si alguien, mayor de edad y en la comodidad de
su hogar, decide fumar, inhalar, ingerir o inyectarse algún opiáceo,
cannabinoide, alucinógeno, químico, fármaco, etc., puede hacerlo
tranquilamente. Es más, en caso de abuso, puede estar seguro de que recibirá la
atención médica necesaria sin tener que presentarse ante un ministerio público.
Es decir, en México, el consumo de estupefacientes es un problema de salud, no
de seguridad pública.
Ahora bien, lo que está prohibido es la producción,
transporte, tráfico, comercialización o suministro de
estupefacientes. No importa que uno sea un adicto, y tenga en casa el
suministro necesario para tener garantizado su consumo, si uno está en posesión
de determinada cantidad la autoridad puede presuponer narcotráfico.
Siendo así, creo que cuando se habla de
legalización de las drogas la mayoría se refiere a permitir suproducción, transporte, tráfico,
comercialización o suministro. Pero… ¿de todas las drogas? No. La mayoría
parece coincidir en que solamente la mariguana y otros cannabionides; algunos
agregan en su listado al peyote y hongos alucinógenos. Pero las drogas duras
como la cocaína, los opiáceos o las anfetaminas muy pocos las defienden.
Detrás
de la propuesta de legalización de la mariguana, y otras drogas blandas, se
esgrimen diversas justificaciones, que bien podrían agruparse en dos tipos:
Primero, las justificaciones liberales: aquellos que defienden su consumo como
una cuestión de libertad personal, equiparándola a la cafeína, nicotina,
alcohol u otros estupefacientes legales. Segundo, muy en boga estos días, como
una efectiva medida para combatir al crimen organizado, asumiendo que ello
representaría mermar considerablemente los ingresos de los narcotraficantes.
Francamente,
el argumento de la seguridad pública que se enarbola me parece un mito. En
primer lugar, la legalización de la mariguana mermaría los ingresos por
concepto de la propia mariguana, pero no afectaría en lo más mínimo el mercado
ilegal de los demás estupefacientes como la cocaína, las anfetaminas, etc., y
creo que podemos anticipar que los narcotraficantes abandonarán la producción
de cannabis para enfocarse en otros
estupefacientes. En segundo lugar, mientras que nuestro vecino país del norte,
el mayor consumidor de estupefacientes del mundo, no haga lo propio para
legalizar las drogas en los mismos términos que México, el trasiego de
estupefacientes a los Estados Unidos seguirá siendo una actividad que le
reportará al crimen organizado grandes sumas de dinero.
Ahora bien, y aunado a lo anterior, en el
hipotético caso de que todos los estupefacientes fuesen legalizados en México,
esperando que así los narcotraficantes perderían su monopolio del mercado, y
por ende su fuente de financiamiento, nos estaríamos olvidando de una verdad
económica: el negocio del crimen organizado no son las drogas, sino el crimen
en sí.
Es decir, el negocio del crimen organizado es
todo aquello que es ilegal. En este momento la producción y venta de
estupefacientes es ilegal, y por ello obtienen altos ingresos. Cuando
prohibieron la venta de alcohol en los Estados Unidos, las bebidas alcohólicas
se convirtieron en el negocio de la mafia. Si, por ejemplo, absurdamente
prohibiéramos en este momento los alimentos azucarados porque provocan
obesidad, el negocio del crimen organizado sería la producción, elaboración y
venta de azúcar, con la importante plusvalía que la ilegalidad le agrega a
cualquier producto.
La legalización de las drogas, algunas o todas
ellas, no reduciría la violencia ni el poder del crimen organizado. Simplemente
seríamos testigos de cómo los narcotraficantes modifican su nicho de negocios:
si antes su principal actividad era la venta de estupefacientes, ahora se
dedicarán por entero a la piratería, al secuestro, a la trata de personas, a la
prostitución, al chantaje, al robo de combustibles, al tráfico de armas, etc.
Así, la legalización de las drogas no sería una
solución en materia de seguridad pública, y en cambio, si podría ser un
gigantesco problema de salud pública en el futuro.
